La Agencia Estatal de Seguridad Aérea publicó la semana pasada una serie de recomendaciones dirigidas a todos aquellos que emplean drones como herramienta de trabajo. El objetivo es claro: garantizar la seguridad tanto de las personas como de los bienes o propiedades.
En el folleto informativo publicado, AESA insiste en los 4 pilares básicos garantes de la seguridad de los trabajos y operaciones con drones: estar habilitado y registrado como operador, contar con un seguro de responsabilidad civil específico, ser piloto de drones (una vez acreditados los adecuados conocimientos teóricos y prácticos) y tener el certificado médico en vigor. AESA enumera asimismo en qué condiciones no es posible trabajar con un dron.
La Agencia que dirige Isabel Maestre recalca asimismo que las sanciones que podrían llegar a imponerse por incumplir lo dispuesto en la normativa pueden llegar a alcanzar los 4,5 millones de euros, obviamente, dependiendo de la gravedad de los hechos. Hasta la fecha y desde la entrada en vigor de la nueva normativa hace ya más de 1 año se han abierto 24 expedientes sancionadores, resultando en un importe total 185.500 euros en sanciones. Dicho de otra manera una media de más de 7.000 euros por expediente.
Según AESA las principales infracciones son dos: no ser un operador habilitado y sobrevolar zonas no permitidas. Que a estas “alturas del partido” los principales incumplimientos se correspondan con dos cuestiones absolutamente básicas es muy preocupante. ¿Vamos a mejor o a peor?.
Los datos que ofrece AESA no permiten sacar conclusiones ni dibujar tendencias. Que la publicación del folleto coincida con el registro del operador número 800 en España muestra bien a las claras que nos enfrentamos, al menos, a un reto muy grande. De no marcar bien las líneas rojas, sobre todo en los tiempos que corren, el sector podría llegar a afrontar serias limitaciones vía una legislación cada vez más restrictiva. El tiempo (y las infracciones) dirá.
