El diario El Pais informaba ayer que en la actualidad AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, investiga un total de 41 casos de operaciones sin licencia de los cuales ha abierto 9 expedientes sancionadores.
En la actualidad el número de operadores acreditados en España se sitúa en 334. Sin embargo, en paralelo al enorme aumento del número de Operadores de RPAS habilitados, se han multiplicado los casos de operaciones (y operadores) ilegales, irregulares o al margen de la legalidad atraídos por las oportunidades que ofrece un sector en plena expansión.
Esta circunstancia es doblemente grave. Por una parte supone un serio contratiempo para el sector y los operadores habilitados por cuanto las empresas no acreditadas trabajan con precios (y estándares técnicos) muy por debajo de los estándares del mercado, reduciendo las oportunidades de negocio y la viabilidad de muchas de las empresas alineadas con la legalidad. Por otra parte, la inobservancia de los requisitos exigidos por el Regulador puede llegar a suponer un altísimo riesgo para la seguridad de las personas y para la salvaguarda de derechos básicos del Ciudadano reconocidos en nuestra Constitución. Sin lugar a dudas un riesgo para el sector.
En una actividad regulada como es el caso de la utilización comercial de drones o RPAS creemos que no hay atajos. Formar parte de este sector supone trabajar con estricto cumplimiento de la legalidad y asumir el coste y las responsabilidades aparejadas. A AESA y a la Administración en su conjunto, corresponde regular y aplicar las normas teniendo en cuenta criterios operativos pero sin limitar innecesariamente el impulso y la dinámica del sector. Y a todos los agentes sin excepción corresponde actuar con ejemplaridad y denunciar las prácticas ilícitas.
Aplicar con criterio las normas supone conocer. El adecuado desarrollo de sector necesita de un enorme reto formativo, pero también de un esfuerzo educativo desde la base y de forma integrada. Un reto que requiere un firme compromiso por parte del sector privado pero también de la Administración Estado, probablemente, aún con el paso cambiado dada su compleja y pesada estructura.
Hasta el momento, siempre según los datos del rotativo, son 12 las empresas inhabilitadas. Aunque AESA no ha hecho públicos los nombres y circunstancias de estas operaciones, parece que los 41 casos identificados no reflejan la gravedad del problema.
Fuente: El Pais
