El plan contra el fraude catastral mediante el uso de drones, promovido por el Ministerio de Hacienda y llevado a cabo por la Dirección General del Catastro, investigará durante el presente año 1.272 municipios españoles, de los que 37 están localizados en la Comunidad de Madrid.
Con la ayuda de esta tecnología, se podrán detectar las irregularidades catastrales comparando los datos obtenidos por las aeronaves con los recogidos en el registro del Catastro. Se trata de un sistema cuyo empleo ha dado resultados óptimos. Durante 2016 fueron detectados 1.700.000 inmuebles con ampliaciones y otro tipo de reformas que no habían sido declaradas, encontrándose en situación de edificación irregular. Además, la perspectiva que ofrecen las aeronaves los convierte en instrumentos precisos a la hora de sobrevolar y tomar imágenes en cascos urbanos.
Hasta el mes de noviembre, el plan antifraude de Hacienda investigará municipios como Alcobendas, Colmenar Viejo, Humanes, Leganés, Pinto, Rivas, Pozuelo o Valdemoro, en busca de más irregularidades. Los ciudadanos que no han registrados en el Catastro las reformas realizadas en sus inmuebles están incurriendo en un delito fiscal, entre otros, en el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ante esta situación, los afectados deben hacerse cargo del pago de una multa de 60 euros, así como poner al día su recibo del IBI, entre otras acciones.
Gracias a este plan de acción, realizado mediante el uso de aeronaves no tripuladas, el Catastro español ha obtenido 1.254 millones de euros extra en la recaudación del IBI. Algunas provincias españolas como León, Badajoz o Valencia registran datos que dan buena cuenta de estos buenos resultados: en Extremadura se han inspeccionado 224 municipios, y los infractores han pagado casi 500 euros, de media, por las irregularidades registradas en los inmuebles. Por otro lado, más de 60.000 inmuebles, de los registrados en la ciudad de Valencia, han notificado algún tipo de infracción fiscal.
Imagen: Pedro Otones
