El Ministerio de Hacienda ha sabido aprovechar la utilidad de la tecnología dron para llevar a cabo un plan contra el fraude catastral. De este modo, comenzó en 2014 una iniciativa para localizar, mediante el uso de aeronaves no tripuladas y satélites, los inmuebles que han incurrido en un impago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Con este proyecto, el Catastro podría obtener más de 1.250 millones de euros extra gracias a la recaudación del IBI.
Aún quedan miles de municipios por inspeccionar, sin embargo, casi un 10% del total de los inmuebles revisados contaban con alguna irregularidad (cerramientos de terrazas, ampliaciones, piscinas, todo ello sin haberse declarado). En el caso de que se detecte irregularidades, los afectados deberán abonar un importe de 60 euros, actualizar el recibo del IBI (en relación a las características actuales de su vivienda) y pagar los atrasos de los últimos cuatro años.
Señalando ejemplos concretos, provincias españolas como León, Badajoz y Valencia ya arrojan sobre este plan de acción del Gobierno español, con la ayuda de la tecnología dron. En el caso de la capital extremeña, Mérida, se revisarán los más de 9.600 edificios que componen la ciudad, en los próximos once meses. Esta revisión ya se ha llevado a cabo en 224 municipios de Extremadura, y los infractores han tenido que pagar, de media, unos 472 euros (entre la actualización del IBI y el pago de los atrasos).
En la comarca de El Bierzo, situada en León, son once los ayuntamientos los que ya han iniciado este sistema antifraude catastral con drones. Aún no se han derivado datos exactos de estas once localizaciones. La medida se encuentra actualmente en proceso administrativo y no se han recopilado todos los datos, estando pendiente su posterior procesado y gestión, para notificar a los afectados su necesidad de ponerse al corriente de pago.
En agosto de 2015 comenzaron las inspecciones en territorio valenciano. Desde entonces, Hacienda ya ha revisado los más de 675.000 inmuebles registrados en el Catastro de la ciudad de Valencia, de los que se estima que más de 60.000 pueden estar en situación irregular. Estos datos, sumados a los del resto de provincias españolas, dejan entrever el acierto en el uso de esta ventaja aérea que suponen las aeronaves no tripuladas.
Imagen: freshwater2006
