La primera jornada de UNVEX 2016 ha dado debates sobre legislación, conversaciones sobre el futuro de la normativa y algunas novedades comerciales. Las conferencias del evento, que se celebra hasta el 26 de mayo, han tenido de hilo conductor el ámbito legal.
Entre las múltiples ponencias que ha acogido la primera jornada de UNVEX destaca el comentario que ha hecho el inspector jefe de la Policía Nacional Juan Carlos Blázquez Hernández sobre los retos del cuerpo al que pertenece en lo relativo al uso de drones. La Policía lleva seis años trabajando con vehículos aéreos no tripulados, pero la falta de regulación específica ha hecho que los avances sean tortuosos.
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En todo caso, como no podía ser de otra forma, son las aplicaciones de seguridad las que más interesan a la Policía. Pero sus necesidades no se pueden equiparar a las que tienen otras entidades. “Es interesante el contacto directo con el fabricante porque nuestras necesidades distan bastante del uso comercial convencional”, apunta Blázquez.
El interés de la policía es doble: como usuarios de drones y para aplicar y hacer valer la legislación cuando sea necesario. Por el momento la normativa pasa por la conocida Ley 18/2014 art.50, de la que Blázquez dice: “Con esta ley es muy difícil trabajar”.
Sobre las misiones de la Policía, Blázquez señala que están constreñidas por aspectos. La vigilancia está limitada por el ruido de los drones, que les empuja a ganar altura, lo que encarece el proceso, pues se necesita tecnología más precisa.
La Guardia Civil comparte algunos de los problemas de la Policía en el uso de drones. Entre sus tareas está la vigilancia de las costas o el cuidado del medio ambiente con sus cuerpos especializados. Y los drones tienen el potencial de facilitar la labor. De nuevo hay limitaciones, como la necesidad de contar con sitios de despegue cercanos a las costas.
A la espera de la normativa europea
Pero ninguna entidad puede planificar adecuadamente sus actividades si antes no está claro el marco normativo. De ahí que tanto las entidades que tendrán que desarrollar tareas con los drones, como los fabricantes y otras empresas que contribuyen al sector, se muestren expectantes ante la nueva legislación.
La aprobación pendiente de un nuevo decreto en España –a falta de un gobierno formado– tiene en vilo a las empresas del sector. Pero Luz Smith, especialista en normalización de AENOR, recuerda que la normativa que finalmente va a acabar gobernando el mercado será la europea, a la cual tendrán que adaptarse las nacionales.
Es cierto que no se parte de cero, pues las autoridades nacionales ya han pensado en ello al redactar sus legislaciones pendientes. Y, por otra parte, los gobiernos y empresas de cada país tienen la oportunidad de influir para que la normativa se adapte a sus intereses.
En cualquier caso, se prevé que el marco europeo contemple tres categorías de operación de drones: abierta, específica y certificada. Empezando por el final se puede decir que la certificada está reservada a aquellos dispositivos que –por los riesgos que acarrean, esta variables marca la diferencia entre cada categoría– se rigen por las normas aeronáuticas actuales, aunque no lleven piloto.
La categoría abierta dejaría prácticamente sin valor legal añadido a los 1.300 operadores acreditados que hoy hay en España, según comenta Manuel Oñate, de AERPAS. Pues cualquiera podrá ir a una tienda para comprarse un dron y desempeñar una tarea que en estos momentos tiene prohibida.
La categoría específica engloba a aplicaciones de mayor riesgo, claramente especificadas. Oñate cree que las compañías europeas encontrarán aquí su potencial más grande, tanto en fabricación como en operación.
