La creciente proliferación de aeronaves no tripuladas se ha traducido en su uso en una gran variedad de uso, tanto profesionales (como las inspecciones industriales, mapeo de infraestructuras o fumigación de pesticidas), de ocio o de servicios a la comunidad (seguridad ciudadana, control del tráfico terrestre, asistencia en situaciones de emergencia, extinción de incendios, entre otros).
Sin embargo, no todos los colectivos están a favor de la implantación de esta tecnología en nuestro día a día. Principalmente, suele haber recelo hacia los drones por la falta de control de las zonas permitidas, o dicho de otro modo, por la infracción de la ley adentrándose en ellas sin autorización.
Ante estos sucesos, han crecido las medidas para `mantener a las aeronaves a raya´. Tanto es así que este mercado anti-dron podría alcanzar un valor de 1.850 millones de dólares para el año 2024, un gran aumento respecto a los 299 millones registrados en el 2015. Es el resultado que arroja el informe realizado por la consultoría estadounidense Grand View Research Inc.
Algunas de las medidas que se han desarrollado como solución a los drones ilegales son bazucas o drones lanza-redes, escudos electromagnéticos y rayos mortales para drones. También se han convertido en soluciones demandadas los inhibidores de frecuencia, que se encargan de interferir en las comunicaciones de los dispositivos haciendo que se aterricen o se desplomen en pleno vuelo.
Los aeropuertos, y otros centros con espacio aéreo restringido, son algunos de los principales enclaves que han decidido recurrir a este tipo de soluciones anti-drones. El principal motivo es la sucesión de incidentes entre aviones tripulados y drones que se llevan produciéndose durante los últimos años. Y aunque no se han tenido que lamentar daños materiales ni humanos, las autoridades aeroportuarias de varios países han pedido el endurecimiento de las sanciones a los pilotos imprudentes que pongan en riesgo la seguridad del espacio aéreo.
Imagen: SkyWall
