Sin duda constituye una de las principales preocupaciones del sector, tanto de las autoridades como de los pilotos y los operadores. La posibilidad de que un dron pueda volar dentro del espacio aéreo regulado (o dentro del no regulado pero incumpliendo las limitaciones que impone el regulador) constituye un riesgo real y además, es ilegal.
Son varias de las iniciativas que están surgiendo con un objetivo claro: evitar el vuelo dentro de zonas de exclusión o como se denomina en inglés, No Fly Zones.
Por ejemplo, en la reciente puesta en escena del DJI Phantom 3, Michael Perry, relaciones públicas de la firma, indicó que el nuevo modelo incluye pre-programadas un total de 720 zonas restringidas, tipificándolas en tipo A y tipo B. Las de tipo A se corresponden con aeropuertos de gran tamaño y las tipo B con instalaciones de menor tamaño. Para impedir el vuelo dentro de estas zonas la aeronave incluye un sistema de limitación del vuelo (flight limitation system) que reúne una base de datos con las coordenadas GPS de las zonas restringidas.
Otra de las iniciativas que han surgido recientemente es la de la organización norteamericana NoFlyZone. Se trata de una iniciativa que ha desarrollado una aplicación que permite a cualquier persona inscribir su propiedad en una base de datos y que, una vez comprobada la veracidad de los datos, crea una zona restringida personalizada y facilita las coordenadas GPS a fabricantes y operadores para que no sea posible volar sobre dicha zona. La base de datos incluye, por defecto, aeropuertos, zonas militares, hospitales, escuelas, etc.
Ambas iniciativas son solo una muestra de los enormes esfuerzos de la industria por solucionar uno de los principales retos del sector siempre en línea con las directrices de la Organización Internacional de Aviación Civil y las agencias de seguridad aérea estatales: la protección de la privacidad y los derechos de los ciudadanos.
Imagen: DJI